Oficialismo de Curridabat Siglo XXI se opone a Moción de respaldo a Gobierno por defensa de Soberanía

Les transcribo la moción de aopoyo solamente respaldada por el PLN y el PAC:





MOCIÓN: De apoyo a la Presidencia de la República en su Defensa de la Soberanía Nacional en el caso del nuevo conflicto limítrofe con Nicaragua.

Presentada por: José Solano Saborío del PLN

Fundamento:

El país entero debe de cerrar filas alrededor de la situación tensa que la violación de la soberanía nacional por parte del ejército y el gobierno de Nicaragua, y nuestro gobierno local no puede ser la excepción. Por esto, me permito transcribir lo expresado por la Sra. Diputada Viviana Martín Salazar, jefa de fracción legislativa del PLN, en el plenario legislativo:

“Estamos ante la necesidad de atender con urgencia el llamado a la unidad nacional, la presencia de Costa Rica en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos esta mañana, debemos pronunciarnos y acompañar las gestiones de nuestro país ante ese organismo internacional.

Tenemos sobre la mesa hechos graves. Se está violando nuestra soberanía nacional, con el proceso de dragado del Rio San Juan se estaba afectando la Isla Calero con una extensión de 151 km2 humedad protegido internacionalmente, corredor biológico de Mesoamérica y protegido por convenciones internacionales sobre medio ambiente. Se comprueba en la cartografía elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica y el Instituto nicaragüense de Estudios Territoriales y Cartográficos, hojas cartográficas 3448I y produciendo un daño ambiental por la deposición de sedimentos, la tala de 2 hectáreas de bosque y la creación de una trocha de 700 metros.

Ya el 12 de julio el vice canciller, Carlos Roverssi envió nota al Canciller Nicaragüense para que le presentara a Costa Rica los estudios para demostrar que las obras de dragado no tendrían impacto sobre territorio costarricense. Nota que no recibió respuesta; sin embargo René Castro en este mismo plenario nos informó que el canciller nicaragüense Samuel Santos le dio garantías verbales de que el dragado no afectaría el territorio nacional.

La ausencia de respuestas formales no son nuevas en este tema; pues ante publicaciones hechas en el diario La Prensa de Nicaragua del 25 de agosto del 2009, consignaban las manifestaciones del gerente de la Empresa Portuaria Nacional de Nicaragua Virgilio Silva, informando que pretendían desviar al río San Juan 1700 metros cúbicos por segundo del caudal actual de río Colorado perteneciente a nuestro país.

Las mismas fueron declaraciones publicadas por la agencia AP atribuidas a Edén Pastora responsable del proyecto del dragado. De inmediato el canciller Stagno envió misiva a su homologo nicaragüense con el objeto que se respetara el laudo Cleveland de 1888 y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio del 2009 que señala que Nicaragua no puede realizar obras de mejora en el río San Juan que cause perjuicio a territorio costarricense o afecten derechos de navegación.

En lo que respecta a la Isla Calero vecinos de la zona denunciaron a las autoridades las acciones efectuadas en territorio nacional por Edén Pastora y militares nicaragüenses a consecuencia del dragado.

El 20 de octubre se realizó el primer sobrevuelo donde se documenta con fotografías y vídeos que la draga se encontraba anclada en el margen derecho del rio San Juan con la tubería que depositaba los sedimentos en suelo costarricense.

El 21 de octubre nuestro gobierno presenta una nota de protesta al gobierno de Nicaragua. El viernes 22 funcionarios de la Fuerza Pública confirmaron que la tubería había sido retirada y observaron una trocha reciente de 700 metros en dirección a la laguna Los Portillos y la tala de unas dos hectáreas de bosque. Un día después, el 23 de octubre la draga es retirada al margen izquierdo del río San Juan.

El 25 de octubre funcionarios del MINAET y Fuerza Pública visitaron la zona para determinar el daño ambiental y su costo. Por esta razón, se abrió una causa penal en la fiscalía adjunta de Guápiles por el delito de infracción a la Ley Forestal y un expediente ante el Tribunal Ambiental Administrativo.

Dos días después, Nicaragua rechaza la protesta formulada por Costa Rica y nos acusa de violaciones reiteradas a su territorio por parte de las “Fuerzas Armadas Costarricenses” y anunciaron que continuarían con el dragado y resguardando los limites y soberanía nicaragüense.

Para el 31 de octubre militares nicaragüenses ocupan el espacio donde se izó la bandera costarricense en finca Aragón. En ese sobrevuelo se observan a miembros del ejército apuntando a la aeronave costarricense y al menos tres campamentos instalados.

Hoy nuestro canciller, René Castro, expuso estos hechos evidenciando un procedimiento costarricense impecable, respetuoso del derecho internacional. Una acción determinante en la defensa de la soberanía nacional bajo la visión de un país civilista que abolió su ejército hace 62 años. Al no tener ejército, la defensa de la soberanía e integridad territorial de Costa Rica quedó confiada a los mecanismos jurídicos del Sistema Internacional

Y es que el derecho nos ampara cuando en el numeral 9 del Laudo Cleveland señala que: “La República de Costa Rica puede negar a la República de Nicaragua el derecho de desviar las aguas del Río San Juan en caso de que esa desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tiene derecho a navegar en el mismo”.

Así como el numeral 6 de ese mismo laudo que indica: “…La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento, y por los terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquiera otro modo a consecuencia de obras de mejora”.

La frontera entre ambos países está claramente consignada en el tratado Cañas –Jerez en su articulo II: “La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta de Castilla, en la Desembocadura del Río San Juan, de Nicaragua” y no en Laguna los Portillos como pretendía Edén Pastora.

Se agotaron los pasos de un procedimiento entre los dos países por eso, convocar a una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente de la OEA hoy para abordar el diferendo bilateral es lo correcto. Las declaraciones de anoche del presidente Ortega fundamentan aún más la decisión de acudir a un organismo internacional.

Costa Rica es un país de paz. Nuestro país siempre ha propiciado el diálogo. Desde que la Presidenta Laura Chinchilla fue electa buscó el acercamiento con el Presidente Daniel Ortega. Nunca hemos tomado y no existe razón para tomar represarías o actos en contra de los nicaragüenses que habitan esa hermosa Nación, ni a los radicados en nuestro país. Este es un tiempo para la sensatez, para la Unidad Nacional.

Más allá de banderías políticas este Congreso debe dar respaldo a la Presidenta Chinchilla y a lo actuado por el Ejecutivo. Ayer lo hizo el Parlamento Nicaragüense con Ortega, incluso como medida de presión sesionaran en la frontera.

Este diferendo se resuelve con solo ver los mapas. Es sencillo. Tanto los de Costa Rica como de Nicaragua son contundentes. Así como los libros de texto de ambos países consignan claramente que la Isla Calero es de Costa Rica. Los hechos se están dando en suelo costarricense.

Emprendimos una defensa por la protección de la soberanía, el medio ambiente y el derecho internacional que nos asiste. No más reclamos al Gobierno este es tiempo de la unidad nacional. Debemos hacer frente común. Este proceso se ha llevado con la máxima rigurosidad y sensatez.

América Latina ha sido un territorio de divisiones por ideologías y se ha evidenciado en la OEA.

Que no se opaquen las visiones en este momento. Requerimos sensatez y unidad nacional.

Ha sido nuestro país proactivo en la búsqueda del crecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Y seguiremos siéndolo, seguiremos buscando la vía diplomática y sin temor a defender los derechos que nos asisten y la soberanía e integridad de los y las costarricenses”. (sic).

Petitoria

1. Expresar el apoyo incondicional, como Gobierno Local y Concejo Municipal de Curridabat, a la Sra. Presidenta de la República, Lic. Laura Chinchilla Miranda y al gobierno de Costa Rica, en la defensa que han efectuado y en las acciones que tomen ante los organismos y foros internacionales, para la defensa de nuestra Soberanía y así expresarlo en nota formal, con copia al presidente del congreso y a la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

2. Se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme.

Moción de Dispensa de Trámite fue descartada con los 4 votos de la fracción del Partido Curridabat Siglo XXI...